E
n el Vaticano se reunieron obispos y cardenales de todo el mundo convocados por el Papa. El encuentro generó una enorme expectación debido a la gravedad del asunto a tratar: la pederastia en el seno de la Iglesia Católica.
Tras días de deliberaciones seguidas con atención a nivel internacional, el resultado fue, para muchos, decepcionante: prácticamente ninguno. Nada ha cambiado, ni va a cambiar. Lo que debía ser una respuesta firme acabó pareciendo un simple intento de lavado de imagen que no logró convencer a nadie. En la práctica, todo continúa igual, con una sensación de impunidad que sigue generando indignación.
Las explicaciones ofrecidas resultan difíciles de aceptar. Se ha llegado a insinuar que algunos sacerdotes sucumben a la tentación del demonio o incluso a la provocación de los propios menores, que los incitan a pecar. Un planteamiento que, más que aclarar el problema, lo trivializa y evita abordarlo desde perspectivas necesarias como la psicológica, la social, la legal o, simplemente, desde la responsabilidad moral. Tal cual. Ni rastro de justicia ni de simple decencia humana. La culpa recae sobre el diablo y, a veces, también sobre ciertos chiquillos provocadores.
Una declaración semejante tan solo te libra en la Iglesia. En la sociedad civil a quien comete violaciones se le juzga y se le encarcela durante una buena temporada. Pero los curas depravados pueden sentirse tranquilos. El poder de la Iglesia los mantiene a salvo. Como mucho, reciben un castigo leve en forma de traslado o alejamiento temporal. Nada de ir a prisión ni de conocer en carne propia el abuso y la violencia que infligieron a tantos niños indefensos. Un auténtico infierno del que siempre salen indemnes.
El contraste es evidente. Fuera del ámbito eclesiástico, estos delitos conllevan penas de prisión. Sin embargo, en demasiadas ocasiones, dentro de la Iglesia las consecuencias han sido limitadas o insuficientes, lo que ha alimentado la percepción de protección hacia los culpables y de abandono hacia las víctimas.
Todo ello plantea una reflexión incómoda: cuando una institución no actúa con la contundencia que exige un problema tan grave, corre el riesgo de traicionar los principios que dice defender. Más que una cuestión de fe, se trata de justicia, responsabilidad y respeto hacia quienes han sufrido abusos que nunca debieron ocurrir.
