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COINTELPRO
LA GUERRA SECRETA DEL GOBIERNO AMERICANO

COINTELPRO (COunter INTELligence PROgram) era el nombre en clave de un programa secreto de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en ingles), que tenía como objetivos vigilar, desacreditar y destruir las organizaciones nacionales que consideraba subversivas: sindicatos y partidos políticos de izquierdas, feministas, pacifistas, ecologistas, independentistas puertorriqueños y activistas por los derechos civiles de los negros, los chicanos o los nativos americanos.

 
L a noche del 8 de marzo de 1971, amparándose en la expectación suscitada por el llamado Combate del Siglo entre Muhammad Ali y Joe Frazier, un grupo de ocho activistas contra la guerra de Vietnam irrumpió de forma clandestina en un pequeño edificio de oficinas en Media, Pensilvania, que albergaba las oficinas de la Dirección del Servicio Selectivo, el organismo a cargo del reclutamiento militar. Los activistas planeaban destruir todos los registros para evitar que la gente fuera alistada en el ejército. La agencia de reclutamiento compartía oficinas con el FBI y por accidente hallaron archivos que revelaban años de persecución ilegal en contra de las organizaciones progresistas y de izquierdas. Los activistas filtraron dichos documentos a la prensa, dando así a conocer una terrible y funesta historia, de la que incluso en la actualidad se sabe tan poco. 
EL “Caso Watergate” es uno de los escándalos de espionaje político más conocidos de la historia de Estados Unidos, gracias sobre todo a la película Todos los hombres del presidente, dirigida por Alan J. Pakula en 1976, y con Robert Redford y Dustin Hoffman en los papeles principales, que adaptaba al cine el libro homónimo, ganador del Premio Pulitzer, de los reporteros Bob Woodward y Carl Bernstein. En 1972, estos dos periodistas del diario The Washington Post, investigaron lo que parecía ser un simple allanamiento en la sede electoral del partido demócrata en Washington. Sus descubrimientos obligaron a dimitir al presidente republicano Richard Nixon dos años más tarde.
Este feo episodio se ha utilizado con frecuencia para demostrar ante el mundo entero la transparencia e integridad de las instituciones democráticas norteamericanas. No cabe duda de que posee su mérito. Sin embargo, su importancia resulta comparativamente menor que otros asuntos más oscuros y de mayor trascendencia, sobre los que se ha mantenido y se sigue manteniendo un férreo secretismo. Entre otros, ocupa un lugar destacado el operativo clandestino del FBI llamado COINTELPRO, sin duda, uno de los casos más graves de vulneración de los derechos humanos cometidos por las autoridades gubernamentales en el supuesto país de la libertad y la democracia.
COINTELPRO (COunter INTELligence PROgram) era el nombre en clave de un programa secreto de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en ingles), que tenía como objetivos vigilar, desacreditar y destruir las organizaciones nacionales que consideraba subversivas: sindicatos y partidos políticos de izquierdas, feministas, pacifistas, ecologistas, independentistas puertorriqueños y activistas por los derechos civiles de los negros, los chicanos o los nativos americanos.
El programa de contra inteligencia fue diseñado y dirigido por el jefe del FBI, J. Edgar Hoover, y se mantuvo en activo desde 1956 a 1971. En un principio se creó para acabar con el partido comunista, la gran amenaza de la Guerra Fría, pero luego se amplió a otras formaciones consideradas potencialmente peligrosas, a pesar de que esos grupos no hubieran cometido actividades ilegales. Tenía como fin “proteger la seguridad nacional, prevenir la violencia y mantener el orden social y político existente", sin importar los medios que se utilizaran. Las directivas otorgaban a los agentes "libertad de acción" para perseguir a disidentes y activistas políticos, o dicho más claramente, para que pudieran eliminar, intimidar, encarcelar y aterrorizar a la gente que luchaba por la libertad y la justicia social.
El FBI actuaba con la aprobación tácita del gobierno de turno, además de contar con el apoyo de los militares y los cuerpos de policía de numerosas ciudades del país. Sus prácticas habituales comprendían el perjurio, la difamación, el acoso, la agresión, la intimidación de testigos, el allanamiento, la infiltración de informantes y de agentes provocadores, las escuchas telefónicas ilícitas, las detenciones arbitrarias, la apertura subrepticia de correspondencia, la ocultación y falsificación de pruebas, o bien su obtención mediante procedimientos ilegales, el envío de documentos e informes falsos a los medios de comunicación con el propósito de desacreditar a alguien, y en otras ocasiones a las propias organizaciones para generar desconfianza y rivalidad entre sus miembros, así como, llegado el caso, el encarcelamiento injusto y, si lo consideraban necesario, incluso hasta el asesinato. No es necesario indicar que esta serie de tácticas -de las que solo hemos mencionado las más relevantes- suponían una grave violación de los derechos garantizados, en teoría, por la propia constitución norteamericana.
Tal y como la CIA se dedicaba a desestabilizar naciones enteras, el FBI se ocupaba de intervenir en los movimientos y partidos radicales del interior del país. Los métodos que empleaban eran viles y retorcidos, pero sin duda efectivos. Conseguían enfrentar a la gente entre sí, sembrando el odio y la desconfianza. De ese modo lograban destruir la unidad de las organizaciones desde dentro. Una situación que, en última instancia, destrozaba a las personas. Hubo gente que perdió la vida, gente que se volvió loca, gente que se volvió hostil hacia los propios movimientos.
Era de conocimiento general que el FBI y otras agencias mantenían programas de vigilancia y espionaje con el objetivo de salvaguardar la seguridad nacional, pero nadie en ese momento podía imaginar la magnitud y gravedad de las actividades clandestinas que venían llevando a cabo de manera totalmente impune desde hacía décadas. Por tanto, cuando el programa COINTELPRO salió a la luz pública gracias los documentos filtrados a la prensa, como hemos contado al principio, se produjo un enorme escándalo que obligó al Congreso a llevar a cabo investigaciones sobre dicho asunto.
A pesar de las investigaciones del Congreso, que demostraron de forma concluyente los crímenes de COINTELPRO, muchos de estos aún permanecen ocultos. Tampoco se hizo nada real por tratar de reparar las injusticias y los abusos cometidos por parte de la agencia, más allá de poner supuestamente fin a sus actividades ilegales. Ni nadie del gobierno fue nunca castigado por estas actividades ilegales. Los dos únicos agentes del FBI que fueron declarados culpables: Mark Felt y Edward Miller, recibieron el perdón presidencial de manos de Ronald Reagan antes siquiera de que hubieran empezado a cumplir su condena.
En cambio, numerosos activistas, víctimas del terrorismo de estado, continúan todavía injustamente encarcelados desde hace varias décadas. Aguas fuentes sitúan su número en más de 100 presos políticos. Si bien el gobierno de Estados Unidos persiste en negar hasta hoy día que sus largas condenadas se deban a las ilegalidades cometidas con el programa COINTELPRO.
Por desgracia, todo esto no era nada novedoso. El FBI había venido utilizando operaciones encubiertas contra personas y grupos nacionales desde su creación. En 1919, A. Mitchell Palmer, Fiscal General durante el mandato de Woodrow Wilson, creó una división especial dirigida por Edgar Hoover con el fin de detener y expulsar del país a los "anarquistas y revolucionarios" que, en su opinión, suponían un riesgo para el gobierno estadounidense. Sin estar provistos de órdenes de registro, los agentes federales y estatales realizaron una serie de redadas extremadamente violentas. Se encarcelaron a miles de individuos, algunos de los cuales fueron "brutalmente apaleados" durante los arrestos. Más tarde, muchos aseguraron que habían sido amenazados y golpeados durante el interrogatorio. Otros permanecieron incomunicados durante períodos indefinidos de tiempo. Amparado por la Ley de Inmigración de 1918, el Departamento de Justicia detuvo a más de 10.000 hombres y mujeres, pero las objeciones públicas obligaron a reducir el número a 556 personas, que a fínales de diciembre fueron deportadas a Rusia y otros países europeos.
Entre los deportados que viajaban a bordo del navío S.S. Buford se hallaba la anarquista Emma Goldman y su compañero Alexander Berkman. Ambos habían sido expulsados del país por su labor de propaganda pacifista durante la Primera Guerra Mundial. Durante el juicio, Hoover calificó a Emma como la mujer más peligrosa de América.
Después de la Segunda Guerra Mundial, dio comienzo la famosa “caza de brujas”, un oscuro periodo de la historia estadounidense en el que el FBI llevó a cabo una intensa persecución del partido comunista y de los sindicatos progresistas.
En la actualidad, chicano es un término que designa a un estadounidense de origen mexicano. No obstante, al principio servía para referirse a los habitantes oriundos de los territorios conquistados a México a finales de los años cuarenta del siglo XIX (Texas, Arizona, Nuevo México, California, Utah, Nevada y partes de Colorado y Wyoming). En ambos casos, la denominación estaba cargada de connotaciones negativas alentada a menudo por los propios medios de comunicación estadounidenses.
El movimiento chicano de la década de 1960 daba voz a una amplia variedad de problemas y demandas de la población mexicana en los Estados Unidos, como eran los derechos de los trabajadores agrícolas y de los inmigrantes, protestando también en contra de la brutalidad policial y el gran número de bajas entre los soldados de ascendencia mexicana que combatían en la guerra de Vietnam, muy superior al de militares blancos, así como por la discriminación que dichos veteranos sufrían cuando regresaban al país.
En los años setenta, todo organizador del movimiento chicano se convertía en un objetivo del FBI. En 1972, Rito Canales y Antonio Córdoba fueron asesinados por la policía; ese mismo año, al joven Ricardo Falcón, de 22 años, lo mató de varios disparos un vigilante de derechas, que acabó absuelto por un jurado compuesto íntegramente por blancos y no pasó ni un solo día en la cárcel; a Linda Montoya la mataron en 1973; y a los seis de Boulder perecieron en dos atentados con coche bomba a finales de mayo de 1974.
Los documentos revelaban claramente que, a finales de los años 60, el FBI promovió una campaña para destruir el Movimiento Indígena Americano (AIM por sus iniciales en inglés), una organización de nativos americanos que luchaba por hacer cumplir los antiguos tratados, así como otras cuestiones relativas al trabajo, la vivienda, la educación y la igualdad ante los tribunales de justicia. El FBI prestó su apoyo a los Guardianes de la Nación Oglala, como se llamaban a sí mismos los escuadrones de la muerte que atacaban a los nativos que luchaban por la soberanía india. De 1973 a 1976, 64 nativos fueron asesinados. Otros activistas nativos resultaron incriminados falsamente y algunos líderes, como Leonard Peltier, permanecen en prisión hasta el día de hoy.
Hoover consideraba que el movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos constituía la peor amenaza para la seguridad nacional de EEUU, tanto o más que el peligro comunista. Los líderes negros estaban en la lista de personas que debían ser “neutralizadas” mediante acusaciones falsas y asesinatos calculados, como sucedió con Malcolm X y Martin Luther King.
Menos conocido resulta el caso de Fred Hampton, un joven activista negro de 21 años, vicepresidente y portavoz nacional del Black Panther Party, que poseía una capacidad de liderazgo y un discurso político radical muy semejantes a los de Malcom X. El 4 de diciembre de 1969, poco antes del amanecer, la policía hizo una redada en el apartamento de Hampton. Los agentes realizaron 99 disparos. Los Panteras Negras solo uno. Hampton fue abatido a tiros en su cama mientras dormía, otro pantera (Mark Clark, de 22 años) fue asesinado y varios resultaron gravemente heridos. Tras 12 años de juicio, el más largo de la historia penal norteamericana, se demostró que hubo conspiración por parte del FBI, el Departamento de Policía de Chicago y la fiscalía del Estado para asesinar a Fred Hampton.
Una práctica habitual consistía en manipular las pruebas para condenar a los miembros de los Panteras Negras a largas temporadas de cárcel por cargos falsos. Gerónimo Pratt fue encarcelado durante 25 años acusado de asesinato. El 21 de agosto de 1971, George Jackson resultó muerto a tiros en la prisión Soledad en circunstancias nunca esclarecidas. Y el periodista Mumia Abu Jamal sigue todavía preso en el corredor de la muerte tras décadas de injusto encarcelamiento.
Los casos citados aquí brevemente no son más que unas pocas muestras extraídas de un largo y siniestro historial que abarca varias décadas. Las actividades delictivas del FBI sirvieron a los objetivos políticos y personales de varios presidentes: Eisenhower (1953-1961), Kennedy (1961-1963), Johnson (1963-1969) y Nixon (1969-1974), además de otros altos cargos de la administración.
Supuestamente, COINTELPRO fue disuelto en abril de 1971, sin embargo, un examen más a fondo de la realidad demuestra que aún se mantiene vigente. Sin ir más lejos, la organización norteamericana Defending Rights & Dissent * denunció casos de abusos y espionaje por parte del FBI desde 2010, que incluía, entre otros, a grupos como Occupy Wall Street **, Abolish ICE *** y movimientos ecologistas y de oposición a la guerra.
Pero la cosa no queda ahí. Más preocupante resulta saber que todavía sigue funcionado hoy en día, a muchos niveles diferentes y de forma mucho más sofisticada, aunque de hecho ya no necesita ser un programa secreto. La Ley Patriota de los EE.UU. (USA Patriot Act), aprobada apresuradamente por una amplia mayoría para combatir el terrorismo -se presentó tres días después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y entró en vigor el 26 de octubre de ese mismo año-, faculta al gobierno con amplios poderes de control y vigilancia sobre la sociedad.
La práctica sigue siendo la misma: eliminar, intimidar, encarcelar y aterrorizar a la gente solo por sus ideas políticas. Registros que antes eran ilegales ahora son legales. Si alguien se implica en los movimientos radicales puede ser acusado de terrorista. Bajo la Ley Patriota, la gente sencillamente puede ser investigada sin delito, pueden ser puestos bajo vigilancia y pueden ser llevados a prisiones sin que nadie sepa dónde están. Antes el gobierno decía que estas cosas no pasaban, porque eran ilegales, y podían ser acusados de violar la ley. Pero ahora eso es la ley.
Sobre la base de una simple sospecha, permite investigar a personas e instituciones, emitir órdenes de allanamiento y requisas de bienes, grabar conversaciones telefónicas y otras comunicaciones electrónicas, así como recabar información sobre finanzas y viajes, todo ello sin autorización judicial. Pueden acceder a la documentación de las empresas, los historiales médicos, los expedientes académicos y los registros de las bibliotecas. Y aprueban que se mantenga a cualquiera en prisión sin acusación y sin proceso (desde enero del 2002, permanecen encarcelados en la base naval de Guantánamo, Cuba, más de seiscientos ciudadanos extranjeros, casi todos detenidos en Afganistán, sin juicio ni acceso a abogados y a mantener contacto con sus propios familiares).
No exige como requisito que se demuestren pruebas razonables de que se ha cometido un delito. En lugar de esta condición, basta con alegar que la investigación en curso está relacionada con el terrorismo o con cuestiones de seguridad nacional, lo que constituye un requisito legal muy impreciso. De modo que ya nadie está protegido por la ley. Queda claro que, en última instancia, el objetivo de la Ley Patriota es suprimir las libertades fundamentales.
El clima de temor generado por los atentados alcanzó a toda la nación, extendiéndose al mismo tiempo por otras zonas del mundo. La clase política y los grandes medios alentaron un clima de miedo y resentimiento. Unos y otros explotaron los atentados por motivos tanto ideológicos como abiertamente electorales. El 11-S justificó la creación de una nueva secretaría llamada «Departamento de Seguridad Interna». Su titular, Janet Napolitano, emitió un comunicado oficial en el que decía que «la seguridad de la población estadunidense sigue siendo nuestra principal prioridad». De las dieciséis disposiciones de la Ley Patriota, asegurando un control generalizado de la población, catorce han sido convertidas en permanentes.
A partir de ese momento, el FBI y otras agencias empezaron a espiar a la población y a usar esta ley para incrementar su vigilancia sobre diversas agrupaciones, especialmente las musulmanas, pero también de las que se oponen a la guerra. El llamado «gobierno secreto» multiplicó sus presupuestos y personal tanto para misiones internacionales como para la seguridad interna.
Cuando la «seguridad» se convierte en el objetivo supremo de los gobernantes, se utiliza tanto para promover una política bélica internacional como para controlar, si no suprimir, la disidencia. Las guerras han explotado el patriotismo incondicional. Es el argumento que usan los poderosos en tiempos de crisis, «el último recurso de los villanos», como decía Johnson. Por el contrario, se tilda de traidores a los que se atreven a censurar las corrupciones del poder político y económico.
La Ley Patriota ha sido fuertemente criticada por organizaciones como la Unión para las Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU), la más antigua del país, ya que ha permitido una amplia restricción de garantías constitucionales, así como una invasión sin control del gobierno en la vida privada de los ciudadanos, tanto estadounidenses como extranjeros.
Como apunte final, conviene señalar que, una década después, en el año 2008, otra amenaza ha venido a sustituir al «terrorismo» como máxima preocupación nacional: la peor crisis económica desde la Gran Depresión. Una crisis económica que no ha sido provocada por «terroristas» extranjeros, sino por políticos y banqueros estadounidenses.

Notas:

* Defending Rights & Dissent (DRAD) es una organización norteamericana dedicada a la defensa de las libertades civiles y la disidencia política, así como a exponer la represión gubernamental.

**Occupy Wall Street es un movimiento en contra del poder de las grandes multinacionales y la desigualdad social que lleva a cabo concentraciones y manifestaciones de protesta en Wall Street, el distrito financiero de Nueva York.

*** Abolish ICE es un movimiento político que pretende la eliminación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos.

DOCUMENTACIÓN:

-Cointelpro 101, documental producido por Freedom Archives en 2011
-Todo el poder para el pueblo, documental dirigido por Lee Lew Lee en 1996
-1971, documental dirigido por Johanna Hamilton en 2014
-Judas y el mesías negro, película dirigida por Shaka King en 2021


 

 

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